El Supremo condena al fiscal general por revelación de datos con una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros
Tendrá que indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Solo una semana después de que acabara un juicio inédito en nuestro país, pues era la primera vez que un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo de los acusados, el alto tribunal ha adelantado este jueves el fallo de una sentencia que está por redactar, pero que ya ha sido comunicada a las partes.
Al ser un fallo adelantado, se desconocen todavía los detalles de la sentencia, por lo que no se sabe si se condena a García Ortiz por la presunta filtración del correo del abogado de González Amador en el que se reconocían en su nombre dos delitos fiscales, o si es por la nota de prensa en la que se detalló ese mail y cuya autoría siempre asumió el fiscal general.
La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022.
Tendrá que indemnizar al novio de Ayuso
Según el fallo, que surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma, cinco de los siete magistrados han considerado que García Ortiz incurrió en un delito de revelación de datos reservados recogido en el artículo 417.1 del Código Penal.
Así, García Ortiz queda inhabilitado para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años, y deberá pagar una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros -un total de 7.200 euros-, así como el abono de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular ejercida por el novio de Ayuso, a quien tendrá que indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
Por otro lado, el Supremo ha absuelto a García Ortiz del resto de los delitos objeto de la acusación. Y señala que los objetos intervenidos en los registros realizados en la causa se devolverán a sus titulares, o en su caso, se destruirán.
Se trata de una pena mucho más baja de la que pedían las acusaciones que reclamaban hasta 12 años de inhabilitación y seis años de cárcel.
Con el voto particular de dos magistradas
La decisión, que ha sido adoptada por mayoría, contará con el voto particular de dos de los siete magistrados: Ana María Ferrer García y Susana Polo García. Se da la circunstancia de que esta última era la responsable de redactar la ponencia de la sentencia.
Ambas magistradas, que forman parte de la corriente progresista, disienten del fallo, lo que ha hecho que tenga que ser el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.
Durante el juicio, García Ortiz negó rotundamente haber filtrado el 13 de marzo de 2024 el mencionado correo y recalcó que «la verdad no se filtra; la verdad se defiende».
Ahora la sentencia deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz, que ahora podrá presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Fuente: Agencias