Diego Conesa no estará por voluntad propia en el nuevo Gobierno que formarán en coalición PSOE y Ciudadanos. La decisión del socialista ha sido anunciada por la líder naranja, Ana Martínez Vidal, que ha explicado que el secretario general del PSRM ha renunciado a estar presente en el Ejecutivo… mientras no se resuelva su situación judicial.
«Es un gesto de generosidad que le honra», señaló la dirigente liberal. «El puesto de la Vicepresidencia quedará vacante hasta que se solucione su situación», indicó Martínez Vidal, en referencia a la imputación que pesa sobre el alhameño por un caso de presunta prevaricación sobre un episodio acaecido cuando era alcalde de Alhama de Murcia.
Conesa aún no se ha pronunciado sobre su presencia en el futuro Gobierno. Hasta el momento, sus respuestas eran evasivas: ni confirmaba ni negaba. «Para mí no es una prioridad», decía hoy en Onda Regional. Socialistas y liberales pactaron seis consejerías para el PSOE, con Educación y Sanidad entre ellas, y otras tres para Ciudadanos. Martínez Vidal ocuparía la Presidencia mientras que la Vicepresidencia quedaría en manos de los socialistas.
El líder de los socialistas murcianos ha estado al corriente de todas las negociaciones con Ciudadanos para la moción de censura. Conesa, cuya candidatura ganó las elecciones autonómicas de 2019, festejaba el acuerdo con Ciudadanos: «Es un momento histórico para la Región, que dejará de depender de las políticas de la ultraderecha».
La imputación ha pesado a la hora de decidir si formaría parte de la coalición. «Vamos a demostrar que se puede política de hacer forma diferente y que se puede ser ejemplar y transparente», declaró Vidal.
El pasado 22 de enero, Conesa, que fue alcalde de Alhama entre 2015 y 2018, comparecía como investigado ante la magistrada del Juzgado número 3 de Totana para dar su versión de los hechos sobre la causa abierta que investiga si hubo una presunta prevaricación administrativa en la tramitación de una multa de tráfico durante su etapa como alcalde de Alhama de Murcia con el supuesto objetivo de evitar que un edil de Izquierda Unida fuera sancionado.
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