El Gobierno muestra su «respeto» a la condena del Supremo al fiscal general del Estado pero «no la comparte»
El Ejecutivo anuncia que en los próximos días se pondrá en marcha el procedimiento para nombrar al sucesor
El Gobierno de España ha mostrado su «respeto» al fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero avisa de que «no lo comparte», según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
«El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y defendido en la inocencia del fiscal general», ha añadido Bolaños.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que «no está siendo un día fácil». Durante un acto en el Congreso, Sánchez ha reivindicado la democracia frente a «nostalgias infundadas, intereses económicos o de campañas de desinformación y amenazas de poder».
Desde la Moncloa reaccionan así al fallo del Supremo en el que condena a García Ortiz con una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados, en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte. En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho», han apuntado fuentes del Gobierno. Y es que en el seno del Consejo de Ministros, algunas voces han asegurado que «no les sorprende» la decisión y que se la esperaban.
Además, el Gobierno también ha mostrado su reconocimiento a «la labor» de García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado».
Internamente en el PSOE las voces van en la misma línea. «La acataremos y respetamos, pero viendo lo que hemos visto y pasando lo que ha pasado, me parece una auténtica vergüenza», ha expresado el portavoz del PSOE, Patxi López.
Sumar cree que es «un intento de interferir en la vida democrática»
Por su parte, en el socio de coalición Sumar, fuentes de la formación han expresado que la condena es «la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno».
«Está sentencia está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración, como recogen las crónicas del propio proceso, solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país», han añadido antes de calificar de «gravedad institucional absoluta» lo sucedido.
García Ortiz llegó a la Fiscalía General en 2022 y ahora, tres años después, saldrá forzadamente tras la condena que ya ha sido comunicada a las partes, pero no redactada. Al ser un fallo adelantado, se desconoce si García Ortiz ha sido condenado por la presunta filtración del correo del abogado de González Amador en el que se reconocían en su nombre dos delitos fiscales, o si es por la nota de prensa en la que se detalló ese mail y cuya autoría siempre asumió el fiscal general.
Los socios de Gobierno muestran su rechazo
También han mostrado su rechazo los socios de Gobierno en el Congreso de los Diputados. «Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas durante 4 años por la cara se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener claro», ha expresado el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en un mensaje publicado en la red social X.
Posteriormente, en un mensaje remitido a los medios de comunicación, Rufián ha señalado que «una parte del poder judicial hace política y utiliza su toga para ir en contra de unas personas, ideas y partidos determinados». «Hay una parte del poder judicial que hace mucho tiempo que hace golpismo. Los golpes de Estado hoy se hacen desde un plató y en sede judicial. Es así», añade tajantemente Rufián.
«El mensaje es claro: Ayuso no se toca», incide Rufián. «Creo que el PSOE tiene que hacer una reflexión, dejar de jugar y de ponerse de perfil, como por ejemplo cuando se repartió el CCGPJ pudiendo realmente cambiarlo con otras formaciones políticas», ha añadido.
En Junts, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha señalado que «los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace». «Conocemos al Supremo y sabemos «de quién depende la Fiscalía». Recordemos que el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en el CGPJ. La corrupción española está institucionalizada, hoy es Génova, mañana es Ferraz. Para el PSOE la justicia deja de ser justa cuando les afecta», ha añadido
«La condena por parte de cinco jueces conservadores del Tribunal Supremo no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista de nuestro país», han expresado fuentes de Compromís al conocerse el fallo. «Es un día negro que pone en riesgo la libertad de prensa y la protección a las fuentes, se pone en riesgo también la presunción de inocencia en nuestro país y que se pueda condenar sin pruebas al FGE», han añadido. Además, la formación valenciana ha calificado de «claro caso de lawfare» la sentencia y piden una «respuesta contundente y unitaria desde las izquierdas».
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de «puro golpismo judicial» la condena. «La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio», ha lanzado a través de un mensaje en X. La diputada ‘morada’ ha exclamado que «basta ya» de «golpismo judicial» y ha cargado también contra el PSOE al preguntarse «qué más tiene que pasar» para que los socialistas renueven «el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional».
Más cautos se han mostrado en el PNV. La portavoz Maribel Vaquero ha mostrado «perplejidad» pero quiere esperar a conocer el contenido de la sentencia. «Analizaremos en profundidad la sentencia para poder hacer un análisis sereno, pero la primera impresión es de perplejidad. ¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos», ha señalado Vaquero en X.
Fuente: Agencias