El Senado da luz verde a la reforma constitucional de Meloni para la elección directa del primer ministro entre protestas

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El Senado italiano ha aprobado este martes una ambiciosa modificación de la Constitución italiana impulsada por el Ejecutivo de Giorgia Meloni para permitir la elección directa del primer ministro. La dirigente italiana ha defendido con contundencia lo que ha calificado como «la madre de todas las reformas», aunque se enfrenta a la firme resistencia de los partidos de la oposición, que han encabezado las protestas organizadas contra una medida que, con casi con toda probabilidad, tendrá que someterse a referéndum.

Tras su aprobación por los senadores, con 109 votos a favor y 77 en contra, la primera ministra ha asegurado en su cuenta de X que se trata de «un primer paso para fortalecer la democracia, dar estabilidad a nuestras instituciones, acabar con los juegos palaciegos y devolver a los ciudadanos el derecho a elegir por quién ser gobernados».

La reforma contempla que el primer ministro sea elegido de manera directa en los comicios y que la coalición que apoye al candidato ganador obtenga al menos el 55% de los escaños, para asegurarse una mayoría viable en ambas cámaras del Parlamento y, por lo tanto, asegurarse la gobernabilidad. Además, introduce el máximo de dos legislaturas de cinco años en el cargo.

La coalición de derechas de la actual primera ministra afirma que la nueva ley contribuirá a poner fin a la inestabilidad política crónica de Italia, que ha tenido casi 70 gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial, y a democratizar el país. Las voces críticas apuntan que la ley podría desencadenar el caos, ya que los votantes podrían respaldar a una persona para el cargo de primer ministro, mientras que elegirían a legisladores de otro partido. Israel fue el único país que probó este sistema en la década de 1990, pero tuvo que abandonarlo porque no aportó la solidez prometida.

El ex primer ministro Mario Monti ha asegurado en el Senado que el proyecto de ley privaría a Italia de la capacidad de responder con agilidad a las crisis graves, como ocurrió en 2011, cuando el entonces presidente le pidió que tomara las riendas durante una crisis financiera. «La reforma ya no permitirá los grados de flexibilidad del sistema que a veces han resultado útiles en situaciones de emergencia en Italia», ha afirmado.

No hay garantías de que este proyecto llegue a convertirse en ley, ya que cualquier cambio en la Constitución italiana debe ser aprobado dos veces por ambas cámaras del Parlamento, siendo necesaria una mayoría de dos tercios para las dos últimas votaciones. En caso contrario, debe celebrarse un referéndum, que a menudo fracasa, como ya ocurrió con un intento de reforma llevado a cabo en 2016. Meloni ya ha adelantado que no dimitiría en caso de que la consulta popular no diera el resultado deseado.

Protestas en Roma contra las reformas de Meloni

Los líderes de los tres principales partidos de la oposición italiana —Partido Democrático (PD, centro-izquierda), el Movimiento 5 Estrellas (M5S, ex antisistema) y Alleanza Verdi e Sinistra (AVS, izquierda) —han participado juntos por primera vez en una manifestación contra esta y otras reformas constitucionales previstas por la mayoría ultraconservadora de Meloni en una concentración en Roma a la que han asistido unas 2.000 personas, según recoge Afp.

Los líderes de las distintas formaciones — Elly Schlein (PD), Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni y Angelo Bonelli (AVS) — han denunciado que las reformas, que, según ellos, dividirán el país entre el norte rico y el sur desfavorecido, despojarán al Parlamento de sus poderes y pondrán en peligro la independencia del poder judicial.

Otra de las modificaciones de la Carta Magna planteada por Meloni consiste en dar más autonomía a las regiones para organizar y financiar la educación, las infraestructuras y la protección del medio ambiente, entre otras cuestiones. El gobierno cree que los proyectos públicos serán más eficaces, mientras que los opositores temen que aumenten las desigualdades entre las regiones más ricas del norte de la península y las más pobres, incluidas las regiones insulares de Sicilia y Cerdeña.

La tercera reforma, la del poder judicial, prevé la separación completa de la formación, la carrera y el estatuto de jueces y fiscales, acusados de connivencia en detrimento de la defensa, mientras que la oposición denuncia el riesgo de «sometimiento de la fiscalía al ejecutivo».

Fuente: Agencias