Israel apelará las órdenes de detención de la Corte Penal contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra
Según Netanyahu, desde EE.UU. trabajan para introducir medidas dirigidas contra la CPI y los países que cooperen con ella
Israel ha notificado oficialmente a la Corte Penal Internacional (CPI) su intención de apelar las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, así como el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Estas reclamaciones se relacionan con los cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidas por ambos durante el conflicto en Gaza.
«Israel ha presentado un aviso a la Corte Penal Internacional sobre su intención de apelar ante el tribunal, junto con una solicitud para retrasar la ejecución de las órdenes de arresto», ha confirmado Netanyahu.
De acuerdo con el propio Netanyahu, el senador republicano estadounidense y aliado de Donald Trump, Lindsey Graham, está trabajando para introducir medidas en el Congreso de los Estados Unidos dirigidas contra la CPI y los países que cooperen con ella. Ni Israel ni Estados Unidos aprueban la autoridad de la Corte.
Las órdenes de la CPI, emitidas el pasado jueves, también incluyen cargos contra el líder militar de Hamás, Ibrahim Al-Masri, conocido como Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el mismo conflicto.
La apelación resalta las crecientes tensiones entre Israel y los organismos judiciales y organizaciones internacionales como la ONU, que han presionado continuamente a Tel Aviv por sus acciones en Gaza.
Una orden de detención seis meses después
Las órdenes de detención de la CPI contra Netanyahu y Gallant se emitieron la semana pasada y seis meses después de que el fiscal, Karim Jan, lo solicitase.
La noticia fue aplaudida por juristas, organizaciones humanitarias y de derechos humanos que denuncian que en Gaza se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Así, la decisión de la CPI implica que tanto Netanyahu como su exministro de Defensa no puedan viajar a ninguno de los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, bajo pena de arresto.
Sin embargo, no han sido pocas las veces que esta medida ha sido ignorada por alguno de los países miembros de dicho estatuto. Este fue el caso del Gobierno sudafricano, que se negó a detener al entonces presidente sudanés, Omar Al Bashir, acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra. Algo que, en esta ocasión, y tras ser ese mismo Ejecutivo el que ha liderado la denuncia contra Netanyahu en el CPI, es probable que no ocurra.
Fuente: Agencias