La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez recurren la citación de Pedro Sánchez como testigo
La Fiscalía de Madrid estima que la citación del presidente "no es necesaria, útil o pertinente"
La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la investigación que dirige contra su esposa, Begoña Gómez, al «no verla necesaria, útil o pertinente». El escrito se suma al de la defensa de Begoña Gómez, que también ha recurrido la decisión judicial.
La igualdad de los ciudadanos ante la ley, protegida en la Constitución, «no puede hacer de peor condición a quien ejerce un cargo público relevante (ni a su esposa)» que, aunque puede «ser objeto de las legítimas críticas en ámbitos variados, propios de una sociedad democrática, no debe verse abocado a un tratamiento procesal distinto ni más gravoso que el resto de ciudadanos», asegura el fiscal en el recurso presentado este martes contra la resolución del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. El ministerio público pide al juez que reconsidere su decisión o, en su caso, de forma subsidiaria, permita la declaración del presidente del Gobierno por escrito, una posibilidad que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecim) si la declaración es sobre cuestiones relativas a su cargo.
«¿Qué se espera que declare el testigo llamado sobre la actividad atribuida a su esposa? ¿Que sea la primera persona de los llamados que afirme esa influencia y prevalimiento? ¿Que la conocía o que participó? ¿Que colaboró? ¿Que fomentó la actividad?», se pregunta el fiscal en el recurso presentado este martes. En su opinión, «la parquedad» de la resolución dictada, con «errores», no permite saber qué es lo que busca el juez Peinado con la declaración del presidente del Gobierno, y además su «premura» al adoptar la decisión dificulta la tramitación de los recursos que podrían combatirla.
Un «subterfugio» para interrogar en La Moncloa
El fiscal considera que el juez ha acudido a un «subterfugio» para fundamentar su decisión de interrogar a Sánchez en La Moncloa y afirma que «se ha orillado y excluido la posibilidad de declaración por escrito». La providencia, dice, se centra en «circunstancias accesorias» para grabar la declaración del presidente del Gobierno, en lugar de «motivar» su decisión.
Aunque está «radicalmente en contra» de citar a Sánchez, el fiscal cree que si el juez fuera «coherente con lo manifestado», le permitiría declarar por escrito, ya que hay «numerosas menciones» en escritos de las acusaciones populares que aluden a actuaciones de Pedro Sánchez «en el marco de la función de presidente del Gobierno».
En su recurso, la Fiscalía afirma que la investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios tiene «una amplitud claramente desmesurada y carente de cualquier precisión o definición», en la que en las últimas semanas el juez ha citado a testigos que, «inmediatamente y sin motivación alguna», ha convertido en investigados.
Para la defensa, «carece de sentido»
Por su parte, el abogado de Begoña López, el exministro socialista Antonio Camacho, asegura en un escrito que la diligencia del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid «carece de sentido». «No existe el más mínimo indicio que justifique la citación efectuada más allá de la voluntad libérrima del magistrado instructor de tomar la declaración que ha acordado», ha señalado la defensa.
El recurso pide al juez Juan Carlos Peinado que revoque su decisión de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tilda de «sorprendente» la resolución judicial que acuerda interrogar al presidente del Gobierno en el marco de una «singular línea de investigación» abierta por el magistrado. Considera «inexistente» la fundamentación que hace el juez «de una diligencia tan trascendental, en un Estado de Derecho, como lo es la citación del presidente de Gobierno».
Si el juez la mantiene, se trasladará al complejo residencial de la Moncloa, en virtud de los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que, para algunos cargos públicos como el presidente del Gobierno, recoge la posibilidad de tomar declaración «sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo» en su domicilio o despacho oficial.
Para el letrado Camacho, «no se llega a entender» que si el juez está investigando «todos los actos, conductas y comportamientos» que se han llevado a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno», éste decida desplazarse a La Moncloa y tomarle declaración con la fórmula del artículo 412.3; es decir, por «cuestiones de las que haya tenido conocimiento el testigo pero no por razón de su cargo». «Es obvio que lo que trata de investigar el instructor es una supuesta pretendida influencia de mi representada en el presidente del Gobierno y, si es así, es en atención al puesto que constitucionalmente ocupa como presidente del Gobierno», añade.
Camacho defiende que la fórmula a emplear por el juez debería ser la del artículo 412.2, que permite al presidente del Gobierno declarar «por escrito» sobre «los hechos de que tenga conocimiento de razón de su cargo». En este sentido, insiste en que el instructor ha citado a Sánchez como testigo «no por ser el cónyuge» de Begoña Gómez «sino porque dirige la acción del Gobierno».
No hay una «mínima concreción»
El letrado también argumenta que no hay una «mínima concreción» de los indicios que justificarían recabar la versión de Pedro Sánchez. En cambio, reprocha que el juez ha usado una fórmula inconcreta para «nada más y nada menos» que la «citación del máximo representante del Poder Ejecutivo por un miembro del Poder Judicial». Explica que «solo hay una declaración» que hizo referencia a Pedro Sánchez, la que prestó como testigo el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos públicos que se investigan y a quien el juez ha imputado recientemente.
Camacho subraya que Barrabés aludió a varias reuniones en La Moncloa: una enmarcada en una ronda de entrevistas con especialistas en innovación en la que no estaba Begoña Gómez y que formaba parte de las «reuniones de trabajo» de Sánchez, y otra en la que coincidió «un momento» con él y mantuvieron una «conversación muy breve». La Moncloa, subraya, es «el domicilio actual y el lugar de trabajo» de Begoña Gómez y «de su cónyuge», y no ve «base alguna» para citar al presidente del Gobierno.
Una «persecución política»
El PSOE sostiene que este caso constituye una «persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno y su familia» y considera que PP y Vox intentan lograr «con oscuras maniobras» lo que no consiguieron en las urnas en las elecciones generales del 23 de julio de las que ahora se cumple un año.
Consideran que se trata de una causa «orquestada» basada en una investigación «prospectiva» prohibida por la legislación española y «sin fundamento jurídico». No obstante, señalan que la justicia «acabará prevaleciendo» y PP y Vox «no se saldrán con la suya». «La verdad y la democracia se impondrán frente a este atropello democrático», añaden.
Fuente: Agencias