Nueve vocales del CGPJ piden un pleno para analizar las acusaciones de políticos contra jueces

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Nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este mes cumple cinco años caducado, han pedido examinar en el Pleno del próximo jueves si las comisiones parlamentarias pactadas por PSOE y Junts son legales y si pueden obligar a los jueces a comparecer en ellas. La petición incluye además estudiar «el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales».

El documento remitido al presidente del Consejo denuncia que las comisiones de investigación han sido nombradas «con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial», y «exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho».

La petición se produce en un contexto de máxima tensión entre el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo, como se pudo comprobar este mismo miércoles, cuando el presidente del Tribunal Supremo canceló (y luego reagendó) un encuentro con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como denuncia del «ataque» que Junts había lanzado sobre varios magistrados del tribunal en sede parlamentaria.

El martes, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, llamó «personajes indecentes» a los magistrados Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela, que según dijo «serían cesados y juzgados de inmediato» si España fuera «un país normal». Estas acusaciones han causado gran indignación en un Poder Judicial que durante las últimas semanas ha protagonizado un enfrentamiento abierto con el Gobierno y sus socios de investidura.

Las asociaciones judiciales y fiscales, que ya en noviembre se pronunciaron contra las alusiones al lawfare en el acuerdo del PSOE y Junts, volvieron a hacerlo cuando conocieron los ataques de Nogueras. «El señalamiento público de jueces por parte de la portavoz de Junts per Catalunya en sede parlamentaria es inasumible en democracia«, apunta el comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El Constitucional muestra su apoyo a Espejel

Concepción Espejel, magistrada del sector conservador del Tribunal Constitucional, ha sido otra de las víctimas de los ataques de Junts. Este jueves, el Pleno del órgano de garantías ha decidido «hacer constar en acta el apoyo y solidaridad» hacia la magistrada. «Siempre ha desarrollado su función jurisdiccional de forma impecable, íntegra e imparcial», ha señalado el tribunal, preocupado por «el cuestionamiento» público de la labor de Espejel.

Fuente: Agencias