Prisión sin fianza para cinco trabajadores del Centro de Menores de Ateca en Zaragoza por supuestas torturas
La jueza acusa a cuatro trabajadores, menos al director, de un delito contra la integridad sexual de una menor
La jueza encargada de la investigación por presuntos episodios de maltrato en el Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el director y cuatro trabajadores de la institución, acusados de varios delitos. Los hechos se produjeron en las instalaciones del mismo contra dos menores, una de 17 y otro de 16 años, propiciados al parecer por dos educadores y dos auxiliares del centro.
La instructora les acusa de delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal infringidos a estos menores residentes en el centro. Además, todos los detenidos menos al director, están imputados por posibles delitos de agresión sexual a la menor.
Los cinco arrestados han pasado esta mañana a disposición judicial para prestar declaración ante la jueza titular del juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud. En estos momentos están siendo trasladados al Centro Penitenciario de Zuera como posibles autores de los delitos mencionados.
Paralelamente, la jueza ha decretado a primera hora de esta mañana el cierre provisional del centro. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) está trabajando para reubicar a los menores tras esta resolución.
La Guardia Civil procedió a la detención este jueves de estos cinco trabajadores del centro de menores. La investigación judicial se inició a partir de varias denuncias presentadas por la madre del menor, en las que se informaba de unas supuestas lesiones causadas a su hijo por parte de los educadores y que permitieron descubrir más casos de vejaciones a otros internos del centro.
El director amparó estas torturas presuntamente
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la jueza considera responsable de estos delitos a dos educadores y a otros dos auxiliares del centro así como al director de la institución como «cooperador necesario» en los hechos al tratar de ocultarlos a los servicios sociales del Gobierno aragonés y a las familias de los menores.
La magistrada concluye que estos menores «han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo y de cuya existencia era conocedor el director del centro«.
Sobre la implicación del director de la institución, Iván R.M., la instructora valora el hecho que desde su llegada al centro, el año pasado, no sólo mantuvo una actitud de «despreocupación absoluta» acerca de la situación de los menores, sino que protegió a los trabajadores acusados al no acordar en ningún momento correcciones y sanciones para castigar su comportamiento.
También señala que la investigación que inició el director a partir de la primera denuncia recibida fue «incompleta y parcial». Este hecho está corroborado por las manifestaciones hechas por la psicóloga del centro y de un enfermero, que se negó a elaborar un informe falso sobre el alcance de las lesiones sufridas por el menor.
Para la instructora, estos tratos degradantes es una clara muestra «de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo», viéndose absolutamente impedidos para hablar por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos, ya que los ahora detenidos «siempre les recriminaban que nadie les creería y que no los querían ni sus familias».
La jueza decreta el cierre provisional del centro
La magistrada ha dictado esta mañana un auto de medidas cautelares decretando el cierre provisional del centro de menores. También ha concertado con el Gobierno aragonés, hasta el esclarecimiento de los hechos, el cese del periodo de internamiento para los cinco menores residentes y prevé hacerlo extensivo a otros nueve fugados del centro.
En este sentido, la jueza ha solicitado a la Guardia Civil la localización de estos menores y su puesta a disposición judicial para averiguar si han podido ser víctimas de las agresiones que se investigan en esta causa y por si guardan relación con su huida del centro.
Este centro acoge a menores, por orden judicial, con problemas de comportamiento y actitudes agresivas y con entornos familiares problemáticos. Aunque es de gestión privada —con capacidad para unos 30 menores—, cuenta con una veintena de plazas concertadas por los Servicios Sociales. Desde este departamento han informado que todas las acciones que han llevado a cabo en las últimas horas tienen como objetivo garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que están bajo la guardia y custodia de la Administración.
Los detenidos niegan los hechos imputados
Según han informado a EFE fuentes judiciales, los detenidos han negado ante la responsable judicial los hechos por los que han resultado imputados. Por su parte, el letrado de dos de los detenidos ha comunicado su intención de recurrir las órdenes de prisión dictadas contra sus clientes.
Nada más conocer estos hechos, los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza iniciaron diversas gestiones para verificar las denuncias. Los agentes tienen indicios sobre hechos delictivos relativos a una agresión sexual y de corrupción de menores, llevados a cabo por varios educadores durante los últimos meses.
Dentro del marco de la investigación, y como paso previo a la toma de declaraciones a los detenidos esta mañana, la jueza ha llamado a declarar a los dos menores autores de la denuncia contra el centro, a la psicóloga, al enfermero del centro y a dos trabajadoras en baja laboral —motivada por los hechos que ahora se investigan—.
Fuente: Agencias